Marco Mena deja una enorme deuda en atención a la trata: CFJG

  • Los gobiernos estatales solo han simulado interés en erradicar la trata con fines de explotación sexual. De 154 denuncias por este delito en los últimos siete años, sólo seis han alcanzado una sentencia condenatoria y ninguna corresponde al período de Mena Rodríguez, expuso Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés.

Por Naye Vélez.

La administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez deja un déficit histórico en materia de política pública para la atención y erradicación de la trata con fines de explotación sexual y en la implementación de estrategias para prevenir este problema en las esferas sociales, que aún en nuestros días, se encuentran permeadas por conductas machistas.

Alejandra Méndez Serrano, directora del centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos Y Desarrollo Local, expuso en entrevista para este medio, que las últimas tres administraciones estatales sólo han simulado la atención a esta problemática, que iconiza a Tlaxcala como “La cuna de la trata de personas” a nivel nacional e internacional.

“Marco Mena se va con un déficit muy grande y una enorme deuda con la sociedad tlaxcalteca. Asumió la trata como un problema que iba a atacar y no lo hizo”, lamentó la activista por los derechos humanos.

Méndez Serrano explicó que en Tlaxcala prevalece el rezago y la falta de protocolos de investigación y judicialización para sancionar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Reveló que en el período comprendido de 2011 a 2018, se han recibido 154 denuncias por este delito. De estas, 49 se integraron como carpetas de investigación y solo seis lograron una sentencia condenatoria.

No obstante, ninguna de estas sentencias corresponde a denuncias realizadas en el período gubernamental de Marco Mena. Es decir, las averiguaciones previas que lograron una sentencia condenatoria tienen más de cinco años interpuestas, lo que habla de la ineficiencia de las instituciones para garantizar justicia a las víctimas de este delito.

La directora del Centro Fray Julián Garcés aseveró que este es un fenómeno sistemático que se replica desde la administración de Héctor Ortiz Ortiz; del priista Mariano González Zarur y ahora con Marco Antonio Mena Rodríguez. La negación de la problemática, la falta de estudios sustentados que determinen la gravedad del fenómeno en el estado y la falta de presupuesto asignado, han sido los principales obstáculos para que se logren verdaderos avances en la erradicación de los crímenes de explotación sexual y proxenetismo en Tlaxcala.

En el sistema judicial del estado de Tlaxcala, las víctimas de trata a menudo se encuentran vulnerables y en total indefensión cuando deciden denunciar a sus agresores, lamentó Méndez Serrano.

“En 2008 se realizó una investigación y se evidenció que el 50 por ciento de las denuncias se quedan en actas circunstanciadas. Solo se les toma la narración y se guardan. Se deja en total indefensión a las víctimas”, dijo.

“Las mujeres victimas de trata no cuentan con un refugio, ni con atención psicológica en primera instancia. Tampoco cuentan con asesoría jurídica ni con la protección del estado cuando revelan las identidades de los proxenetas, las rutas de explotación y los sitios donde se ejercen estas prácticas, sus vidas corren riesgo”, aseveró.

Con estos antecedentes, las organizaciones de la sociedad civil encargadas de investigar este fenómeno desde hace más de 15 años, coinciden en que la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros debe asumir este reto y retomar de forma inmediata temas pendientes dentro del Programa Estatal contra la Trata.

“El estado debe garantizar la protección a las víctimas de trata y a sus familias, no pueden derivarlas a refugios de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Deben existir refugios especializados y casas de medio camino para su reinserción a la sociedad”, expuso la activista.

También puntualizó que en materia de prevención, la nueva administración estatal deberá implementar un programa educativo integral, que parta desde la etapa inicial hasta niveles superiores, para que las y los jóvenes identifiquen conductas de riesgo. Este proyecto, dijo, debe ser una Política de Estado dentro de la Secretaria de Educación Pública.

La directora del Centro Fray Julián Garcés dijo que el gobierno entrante deberá constituir de forma inmediata el Consejo Estatal Contra la Trata y destinar presupuesto para las secretarías encargadas de implementar acciones en esta materia. Asimismo, indicó que se deberá trabajar para fijar plazos de cumplimiento en investigación y judicialización e indicadores de medición para detectar si se están cumpliendo los objetivos y si éstos tienen un impacto social.

“Lorena Cuéllar tiene enormes retos para atender la trata de personas, puede asumirlos o pasar a la historia como otra gobernadora que no hizo nada ante esta problemática”, finalizó Méndez Serrano.


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